Toledo y Villanueva: cuando una pandemia juega a favor de los políticos investigados por corrupción

Aprovechando el brote de coronavirus en el mundo, dos conocidos políticos, César Villanueva y Alejandro Toledo, consiguieron que les cambiaran la prisión preventiva por arrestos domiciliarios, tras ser considerados vulnerables ante el COVID-19. Otros buscan el mismo camino.

Ocho meses y cuatro días tras la sombra. Ese fue el periodo que Alejandro Toledo Manrique, el expresidente de la República requerido por partida doble en sendos pedidos de extradición al Perú, pasó detenido y, luego, en prisión preventiva en los Estados Unidos. Ahora, ha vuelto a dormir en su vivienda, en la bahía de San Francisco, con su esposa Eliane Karp.

Antes, sin embargo, tuvo que pagar una fianza de medio millón de dólares. El abono fue la mitad del monto total. Por supuesto, contó con el apoyo económico de su cónyuge y, especialmente, de un grupo de amigos. El que menos contribuyó, puso 50 mil dólares. Nada más ni nada menos, vale resaltar.

En Lima, una historia similar se produjo este miércoles, cuando la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial decidió variar la prisión preventiva de 18 meses que pesaba contra el ex primer ministro César Villanueva, cambiándola por un arresto domiciliario que deberá durar el mismo lapso de tiempo.

En las próximas horas, el otrora jefe del primer gabinete de ministros de Martín Vizcarra, estará también durmiendo en su vivienda de Magdalena, agradecido —como Toledo, se puede presumir— con el mejor argumento de su defensa para lograr su excarcelación: la pandemia de coronavirus.

El COVID-19 como argumento

Para el 16 de julio de 2019, cuando las autoridades de los Estados Unidos detuvieron a Alejandro Toledo por un pedido de extradición al Perú por el caso Lava Jato, nadie podía imaginar que una pandemia global se posaría sobre más de un centenar de países, sometiendo incluso al gigante de América del Norte.

Para entonces el coronavirus no había trastocado nada aún, y la vida, su cotidianidad, continuaba inalterable, salvo, por supuesto, para Toledo, que poco después fue internado en un centro penitenciario a la espera de que la Justicia del país que lo recibió en el 2017 —cuando dejó el Perú para no ser enviado aquí a prisión preventiva—, resolviera si lo entregaba o no a su tierra natal.

Desde entonces, el exmandatario intentó con insistencia que lo dejaran afrontar el proceso en libertad. Dos jueces evaluaron sus pedidos, el último incluso a inicios de marzo, pero ninguno correspondió a sus expectativas.

Es más, las esperanzas de Toledo de salir de prisión, el 4 de marzo de este año, parecían haber quedado enterradas cuando Vince Chhabria, el juez norteamericano que evaluó la última petición, cerró el tema de manera definitiva al considerar como “insuficiente” el argumento clave que la defensa pública del expresidente presentaba: el testimonio de un psiquiatra que aseguraba que el encierro estaba perjudicándolo mentalmente.

Chhabria, sin embargo, no lo consideró así. No había suficiente sustento para que se acreditara que las condiciones carcelarias estaban afectando la salud mental de Toledo. En consecuencia, el exmandatario seguiría en prisión… hasta que apareció la pandemia.

Entonces la noticia llegó al Perú por un cable internacional: expresidente de Perú Alejandro Toledo pide ser excarcelado por temor a contagiarse de coronavirus.

Era el argumento perfecto, casi infalible, para la defensa del exmandatario, debido a la fuerza con la que el COVID-19 avanzaba dejando un reguero de infectados y muertos en China, Europa y en los mismos Estados Unidos.

“Debido a su avanzada edad y problemas de salud actuales, el doctor Toledo es más susceptible de contraer el virus y es más probable que muera a causa de él”, afirmaba en un escrito la defensa del exmandatario.

Por la urgencia del pedido, y dadas las circunstancias de la situación —para ese momento, el brote de coronavirus en los Estados Unidos comenzaba a radicalizarse—, el juez Thomas Hixson programó una audiencia inmediata para el jueves 19 de marzo.

Para el día siguiente, la excarcelación de Toledo era un hecho.

Por los pasos de Toledo

El ejemplo de Alejandro Toledo, casi de inmediato, fue replicado en el Perú.

El mismo 19 de marzo, cuando se conoció el pedido del expresidente, en Lima, el abogado Humberto Abanto, defensor del exsecretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama —implicado en el caso Lava Jato—, anunció que presentaría un pedido para que el Poder Judicial proceda a excarcelar a su representado.

El argumento era similar al del caso de Toledo: Yoshiyama, de 75 años de edad, también era parte de la población vulnerable ante el coronavirus.

“Voy a presentar un recurso que buscará, de manera alternativa, la excarcelación de (Jaime) Yoshiyama: el cese de prisión preventiva o variación de la medida”, dijo en su momento Humberto Abanto en declaraciones para Correo. Sin embargo, no ha habido nuevas noticias al respecto.

Aunque con sus diferencias, un caso similar fue el de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien, a través de su defensa, pidió una evaluación médica para determinar las condiciones de su estado de salud.

El pedido fue conocido por La República el pasado 21 de marzo, al día siguiente de darse la excarcelación de Alejandro Toledo.

La defensa de Villarán alegaba también que la exalcaldesa, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, calificaba en el “grupo de personas con alto riesgo de contagio y mortalidad”.

“Esta es una situación de riesgo serio para la salud de Susana Villarán pues ella padece de la enfermedad de hipertensión y lupus eritematoso sistémico, que precisamente aecta su sistema inmunológico, y qeu dadas sus actuales condiciones de salud y siendo ella una persona adulta mayor de setenta años de edad, el riesgo a su salud e integridad es más alto”, alegaba Pariona en el escrito.

No obstante, el 27 de marzo, el 31° Juzgado Penal de Lima denegó el pedido del abogado de Susana Villarán, que solicitaba una revisión a su representada por medio de una Junta Médica. Sin embargo, la sala exhortó al INPE a “procurar las acciones correspondientes para preservar la salud e integridad” de la exalcaldesa de Lima.

Villanueva, el afortunado

26 de noviembre de 2019. Ese fue el día de su detención. De los pasillos de Palacio de Gobierno, del despacho principal de la Presidencia del Consejo de Ministros, del hemiciclo del Congreso, César Villanueva recaló, primero, en una carceleta del Poder Judicial y, luego, en el penal Miguel Castro Castro.

La historia fue impredecible: tras un operativo de seguimiento, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público intervinieron al ex primer ministro por, presuntamente, haber intentado infiltrar un agente en el Equipo Especial para el caso Lava Jato, que, coincidentemente, lo investigaba por una obra ejecutada por Odebrecht durante su gestión como presidente regional de San Martín.

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